Un negocio letal redondo. Se trata de secuestrar a indocumentados extranjeros que no denunciarán el delito. Ilegales que está de paso y que solo quieren seguir adelante, hacia Estados Unidos. Secuestros exprés. Se les golpe a y se les tortura, y se envía una foto por móvil prepago a la familia en Honduras, Guatemala o El Salvador. El rescate oscila siempre entre 1.000 y 3.500 dólares. Todo rápido y sin intermediarios. A través de conocidas empresas de envío de dinero. Si pagan, bien, y si no pagan, se les mata y se les entierra, porque la familia nunca podrá saber dónde está el cuerpo. Será uno más de los 5.397 desaparecidos contabilizados por el Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas /SINPEF). El padre Alejandro Solaline, uno de los activistas pro derechos humanos más amenazado de México, lo dice sin tapujos desde su albergue en Ixtepec (Oaxaca): “Gran parte del dinero enviado a pequeñas localidades mexicanas no son remesas de emigrantes, sino pagos del rescate de secuestrados. Es imposible que Western Union no se haya dado cuenta y no lo haya denunciado. Saben dónde ahorcar, pero no quieren hacerlo”, Y es que apenas se investiga y apenas hay denuncias. El miedo de muchos de estos emigrantes ilegales a ser deportados si denuncian un secuestro o el temor a que las propias autoridades estén compinchadas con los secuestradores les lleva a pagar y tratar de seguir adelante. Unos 140.000 emigrantes entran en México cada año para atravesarlo de sur a norte. ¿Cuántas denuncias por secuestro o torturas o violaciones se tramitaron el año pasado? “El panorama es escalofriante en su impunidad. A nivel federal no hubo ni una sola denuncia por delitos contra emigrantes. Solo en Chiapas, que creó una fiscalía especial contra esos delitos, hubo 13 casos investigados. Pero el Tribunal Superior de Justicia no ha dictado ni una sola sentencia”, dice Fabián Sánchez, jurista de la Fundación I(dh)eas.
Jon Sistiaga
El País Semanal, 04.03.2012
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