Con asuntos como el que concierne es lícito que el contribuyente, el pagano, el sufridor administrado, albergue el convencimiento de que en la red de la gestión pública proliferan los mangantes y los corruptos en una proporción bastante mayor a la asumible. Mercasevilla, el caso que va desprendiendo delitos uno detrás de otro, ha significado un antes y un después: desde que un empresario aportara una grabación en la que el gerente de dicha empresa pública exigía cerca de medio millón de euros a cambio de la concesión y subvención de una escuela de hostelería, se ha abierto un filón de irregularidades que apunta a una posible financiación paralela del partido eternizado en el poder. Ahora todo son aspavientos en la Junta de Andalucía —en la que es obvio decir que mora mucha gente honrada y mucho servidor público impoluto, etcétera—, y prolifera la sobreactuación de varios de sus voceros, pero lo cierto es que ese despertar a la investigación y a la depuración es excesivamente brusco como para ser del todo convincente y se produce, conviene no olvidarlo, como consecuencia de la investigación de la juez Mercedes Alaya, no como un prurito fiscalizador surgido de los propios mecanismos de control de la Junta.
Carlos Herrera
Hoy en ABC.
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