El Ministerio de Industria no podría forzar a todos los españoles para que comprasen en El Corte Inglés, pero el de Justicia sí puede obligarlos a contratar los servicios profesionales de un notario o un registrador de la propiedad. Servicios que hasta ayer eran públicos y gratuitos y que, a partir de ahora, devendrán privados y de pago. Servicios, por lo demás, que ninguna razón objetiva impediría que continuasen siendo provistos por el Estado. Ninguna salvo, claro está, la voluntad del ministro Gallardón de premiar con una lluvia de maná a esas dos corporaciones. Notarios y registradores se beneficiaron de la burbuja inmobiliaria facturando lo que no estaba en los libros. Y se beneficiarán de la crisis facturando por lo que no debería estar en sus libros. Pierda quien pierda, ellos siempre ganan. Gracias a Gallardón, claro.
En España, es sabido, no hay liberales por la misma razón que suelen escasear los democristianos en Arabia Saudita: porque el clima moral del país no lo tolera. De ahí que lo de estos lares se parezca a cualquier cosa menos al capitalismo de libre mercado. Lo nuestro es algo que quizá se podría llamar mercantilismo plutocrático, lúcida definición acuñada por un antiguo fontanero monclovita, Ángel Pascual-Ramsay. Así, la doctrina canónica, igual la de los partidos que la de la prensa y las instituciones, se deshace en entusiastas cantos a las virtudes del liberalismo económico. La opinión respetable rinde devoto culto al reverendo Adam Smith. Y sus epígonos seglares, desde Milton Friedman al doctrinario Hayek, disponen hoy de altares laicos en todos los rincones de al península.
Pero la praxis hispana, ¡ay!, consiste en hacer justo lo contrario: en resguardarse de los fríos vientos de la competencia merced a la promiscuidad incestuosa de lo público y lo privado. Salvo muy contadas y meritorias excepciones, la capacidad innovadora de la clase empresarial española solo brilla por su destreza sin igual para captar rentas en los despachos oficiales. Los empresarios patrios están acostumbrados a competir, sí, pero únicamente con el fin de ganar el favor del poder político pujando por mil y una prebendas administrativas. Desengañémonos, en España, el verdadero capitalismo ni está ni se le espera. Por eso la mala fe (pública) de Gallardón.
José García Domínguez / Libertad Digital
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