Quien conoce poco la Catalunya política no suele entender lo que aquí sucede cada año en torno al 11 de septiembre, nuestra fiesta nacional. En los días previos el ambiente se caldea, siempre hay alguna excusa para el victimismo. En la Diada la emoción sube de tono: estamos al borde de la independencia. Trascurridos unos días todo se medio olvida y la Catalunya política y mediática deja de sobreactuar, se alcanza un clima de precaria tranquilidad hasta encontrar otra ocasión para escenificar de nuevo el tantas veces anunciado "choque de trenes". Entre la gente de la calle, gracias a Dios, reina la calma, a lo más se habla de Mourinho, el placebo hoy más de moda.
El tema estrella del año pasado fue la "agresión"del Tribunal Constitucional contra el Estatut; este año le ha tocado al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Para los nacionalistas, el derecho, las normas jurídicas, son un mero instrumento para lograr sus fines, no el marco en el que estos pueden alcanzarse. Como no han comprendido, o no quieren comprender, el significado del Estado de derecho, sólo respetan la ley si les da la razón. Por eso los jueces son molestos: a veces les hacen cumplir las leyes.
Pues bien, el Tribunal Superior catalán ha dictado un auto que establece un plazo de dos meses para que las autoridades educativas de la Generalitat cumplan unas sentencias del Tribunal Supremo que, en aplicación de la Constitución, recordaban que las lenguas vehiculares de la enseñanza son el catalán y el castellano. En realidad, lo que reconocen las sentencias es que la legislación catalana, desde hace muchos años, vulnera la Constitución.
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Hasta ahora era opinión común entre los políticos y los medios de comunicación catalanes que esta sentencia 337/1994 establecía que la "política de inmersión" –expresión generalizada, aunque incorrecta, de que la única lengua vehicular de la enseñanza es el catalán– había sido declarada conforme a la Constitución. Ello no era cierto en absoluto, la sentencia decía precisamente lo contrario, bastaba con leerla para saberlo. Naturalmente, muchos de los que así se expresaban no la habían leído. Pero otros sí la habían leído y callaban. Por esto Jordi Pujol movió cielos y tierra, es decir, Gobierno y oposición, para que el Defensor del Pueblo no interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana de Política Lingüística de 1998: sabía que el TC la declararía en este punto inconstitucional. Los redactores del nuevo Estatut no fueron tan inteligentes. La STC del año pasado dejó claro que catalán y castellano son lenguas vehiculares, algo que, por otro lado, es moneda corriente en muchos centros de enseñanza de Catalunya.
Y ahí está, a mi modo de ver, el aspecto más escandaloso del asunto: una cosa es la ley y otra la práctica; la Catalunya oficial, una vez más, no se corresponde con la real, vivimos en un país de ficciones y apariencias. Porque la realidad es que quien busca, y tiene dinero, encuentra: en muchos colegios catalanes privados y concertados las lenguas vehiculares son catalán, castellano y una lengua extranjera. E incluso en algunos colegios e institutos públicos, debido a la sensatez y sentido de la responsabilidad de sus profesores, también se imparten clases en castellano. Todo el mundo lo sabe pero la Catalunya oficial lo oculta y la emprende contra los tribunales para hacerse la víctima de una España opresora.
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La "política de inmersión" (sic) como norma general es, pues, una pura hipocresía: se aplica cuando conviene y por ello es discriminatoria. Quienes tienen recursos económicos suficientes pueden encontrar colegios bilingües o trilingües, y además mandan después a sus hijos al extranjero. Quienes no los tienen están obligados a estudiar en catalán como única lengua vehicular. A quienes critican esta política se les tacha de anticatalanes, pero a quienes muy sabiamente la incumplen se les concede la Creu de Sant Jordi.
Francesc de Carreras
Artículo completo del Catedrático de Derecho Constitucional, Francesc de Carreras, hoy en La Vanguardia
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